El presente proyecto establece la obligatoriedad de la presentación periódica de certificados de aptitud psicológica para todas las personas que se desempeñen en instituciones públicas o privadas, con o sin subvención estatal, que desarrollen tareas vinculadas a programas de contención, tratamiento, protección y defensa de los derechos de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo guarda, cuidado, custodia o
responsabilidad estatal, sea permanente o transitoria.