Las infancias en nuestro país reclaman una atención permanente por parte de todos los poderes del estado, y un apoyo continuo desde la comunidad, tendiente a garantizar los derechos de millones de niños y adolescentes.
Para lograr ello, el trabajo colaborativo y conjunto entre el sector público y privado permite multiplicar esfuerzos en la generación de nuevas y más eficaces respuestas para el interés superior de los niños y adolescentes.